LO QUE NO DIJO LA CORTE EN LA APERTURA DEL AÑO JUDICIAL
En el día de la fecha, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti, abrió el año judicial. Desde nuestra organización sindical valoramos profundamente la apreciación del Presidente de la Corte de que la Justicia debe ser un ordenador de los valores de la sociedad y que debe garantizar los derechos mínimos de todos los ciudadanos.
También estamos completamente de acuerdo con la necesidad de acelerar los juicios por delitos de lesa humanidad, porque como lo denunciamos en numerosas oportunidades, el retraso en estos juicios, que para nuestra Unión en muchos casos es intencional, garantiza la impunidad de los genocidas.
Por otra parte, nos congratulamos que el Presidente de la Corte haya fijado como una de las prioridades para este año la situación de los jubilados, uno de los sectores más vulnerables de nuestra comunidad.
Si bien tenemos algunas dudas con respecto a las apreciaciones del Dr. Lorenzetti sobre la integración de "las Américas", por la muy distinta realidad entre Estados Unidos y Suramérica, sí destacamos la voluntad de trabajar conjuntamente y propiciar la integración con los otros países del MERCOSUR y, en general, con todos los pueblos iberoamericanos. También concordamos con el objetivo de mayor celeridad en la Justicia.
Sin perjuicio de lo ya expuesto, queremos señalar que uno de los temas que evidentemente traban el acercamiento de los jueces con la comunidad en general y que es causa de las trabas existentes también para que terminen los procesos por delitos de lesa humanidad, es el número elevado de magistrados que continúan en el Poder Judicial y que responden a una concepción autocrática, elitista y antidemocrática. Esta conformación elitista hace que, en nuestra apreciación y para el conjunto de nuestra comunidad, aún hoy, haya falta de amparo por parte de muchos jueces a la salvaguarda de los derechos humanos y sociales de todos los argentinos.
Y, en particular, lo que nos permite medir a los trabajadores y a la sociedad en su conjunto la profundidad de los valores y principios que supuestamente rigen a nuestro Poder Judicial y la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, es la situación de los trabajadores judiciales quienes, aún hoy, debemos padecer condiciones indignas de trabajo, en muchos casos sometidos a situaciones de violencia laboral que vulneran nuestra integridad, como trabajadores y como seres humanos, sin que las máximas autoridades del Poder Judicial hayan hecho nada al respecto.
También entre esos derechos que no se concretan, y que están incluidos en las convenciones internacionales en las que se fundamentaron muchos fallos de la Corte, están los convenios 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo, que prevee el derecho de los trabajadores judiciales a convenciones colectivas, hecho que la Corte aún niega.
Tampoco se habló, cuando el Presidente de la Corte mencionó su preocupación por la situación de los jubilados, de lo que constituye una aberración en el seno del Poder Judicial: la existencia todavía hoy de dos sistemas jubilatorios: uno para los que más ganan en la Justicia y otro miserable para los que menos ganan, hecho que produce una clara contradicción entre lo que se declama y lo que se hace.
Asimismo, tampoco mencionó, al hablar de la Obra Social, que es la única en el País que tiene un sistema autoritario y autocrático de conducción, sin que los trabajadores organizados puedan participar en su dirección, hecho que confirma la existencia de una visión ausente de valores democráticos en nuestro Poder Judicial.
Además la preocupación manifestada por la transparencia y el acceso igualitario a la Justicia por parte de los justiciables, se contradice con el retraso en la implementación de un sistema de ingreso democrático de los agentes al Poder Judicial que garantice que a la Justicia entren los más capacitados y no los más relacionados; este hecho ha servido en el pasado, y aún en el presente, a la creación de verdaderas castas elitistas que poco contribuyen a lograr los objetivos señalados por el Presidente de la Corte Suprema.
Por ello, esperamos que estas omisiones sean salvadas prontamente mediante el diálogo propiciado por el Presidente de la Corte Suprema, diálogo que aceptaremos en la medida en que se reencauce por las vías establecidas por nuestra Constitución Nacional y por los Convenios Internacionales.
SI NO HAY JUSTICIA PARA LOS QUE TRABAJAN EN LA JUSTICIA, NOS PREGUNTAMOS QUE PUEDE ESPERAR EL RESTO DEL PUEBLO ARGENTINO.
Buenos Aires, 17 de febrero de 2008.
LAURA IPARRAGUIRRESECRETARIA DE PRENSA
JULIO PIUMATOSECRETARIO GENERAL
En el día de la fecha, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti, abrió el año judicial. Desde nuestra organización sindical valoramos profundamente la apreciación del Presidente de la Corte de que la Justicia debe ser un ordenador de los valores de la sociedad y que debe garantizar los derechos mínimos de todos los ciudadanos.
También estamos completamente de acuerdo con la necesidad de acelerar los juicios por delitos de lesa humanidad, porque como lo denunciamos en numerosas oportunidades, el retraso en estos juicios, que para nuestra Unión en muchos casos es intencional, garantiza la impunidad de los genocidas.
Por otra parte, nos congratulamos que el Presidente de la Corte haya fijado como una de las prioridades para este año la situación de los jubilados, uno de los sectores más vulnerables de nuestra comunidad.
Si bien tenemos algunas dudas con respecto a las apreciaciones del Dr. Lorenzetti sobre la integración de "las Américas", por la muy distinta realidad entre Estados Unidos y Suramérica, sí destacamos la voluntad de trabajar conjuntamente y propiciar la integración con los otros países del MERCOSUR y, en general, con todos los pueblos iberoamericanos. También concordamos con el objetivo de mayor celeridad en la Justicia.
Sin perjuicio de lo ya expuesto, queremos señalar que uno de los temas que evidentemente traban el acercamiento de los jueces con la comunidad en general y que es causa de las trabas existentes también para que terminen los procesos por delitos de lesa humanidad, es el número elevado de magistrados que continúan en el Poder Judicial y que responden a una concepción autocrática, elitista y antidemocrática. Esta conformación elitista hace que, en nuestra apreciación y para el conjunto de nuestra comunidad, aún hoy, haya falta de amparo por parte de muchos jueces a la salvaguarda de los derechos humanos y sociales de todos los argentinos.
Y, en particular, lo que nos permite medir a los trabajadores y a la sociedad en su conjunto la profundidad de los valores y principios que supuestamente rigen a nuestro Poder Judicial y la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, es la situación de los trabajadores judiciales quienes, aún hoy, debemos padecer condiciones indignas de trabajo, en muchos casos sometidos a situaciones de violencia laboral que vulneran nuestra integridad, como trabajadores y como seres humanos, sin que las máximas autoridades del Poder Judicial hayan hecho nada al respecto.
También entre esos derechos que no se concretan, y que están incluidos en las convenciones internacionales en las que se fundamentaron muchos fallos de la Corte, están los convenios 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo, que prevee el derecho de los trabajadores judiciales a convenciones colectivas, hecho que la Corte aún niega.
Tampoco se habló, cuando el Presidente de la Corte mencionó su preocupación por la situación de los jubilados, de lo que constituye una aberración en el seno del Poder Judicial: la existencia todavía hoy de dos sistemas jubilatorios: uno para los que más ganan en la Justicia y otro miserable para los que menos ganan, hecho que produce una clara contradicción entre lo que se declama y lo que se hace.
Asimismo, tampoco mencionó, al hablar de la Obra Social, que es la única en el País que tiene un sistema autoritario y autocrático de conducción, sin que los trabajadores organizados puedan participar en su dirección, hecho que confirma la existencia de una visión ausente de valores democráticos en nuestro Poder Judicial.
Además la preocupación manifestada por la transparencia y el acceso igualitario a la Justicia por parte de los justiciables, se contradice con el retraso en la implementación de un sistema de ingreso democrático de los agentes al Poder Judicial que garantice que a la Justicia entren los más capacitados y no los más relacionados; este hecho ha servido en el pasado, y aún en el presente, a la creación de verdaderas castas elitistas que poco contribuyen a lograr los objetivos señalados por el Presidente de la Corte Suprema.
Por ello, esperamos que estas omisiones sean salvadas prontamente mediante el diálogo propiciado por el Presidente de la Corte Suprema, diálogo que aceptaremos en la medida en que se reencauce por las vías establecidas por nuestra Constitución Nacional y por los Convenios Internacionales.
SI NO HAY JUSTICIA PARA LOS QUE TRABAJAN EN LA JUSTICIA, NOS PREGUNTAMOS QUE PUEDE ESPERAR EL RESTO DEL PUEBLO ARGENTINO.
Buenos Aires, 17 de febrero de 2008.
LAURA IPARRAGUIRRESECRETARIA DE PRENSA
JULIO PIUMATOSECRETARIO GENERAL
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